Bancos y entidades reguladoras europeas conspiran contra Bitcoin
Un reciente informe emitido por la Comisión Europea, ha identificado a Bitcoin como un factor de riesgo significativo para la estabilidad financiera a nivel mundial.
En respuesta, el Banco Central Europeo (BCE) se encuentra en la fase final de obtener amplios poderes que le permitirán supervisar y alertar sobre lo que considere amenazas relacionadas con el cambio climático y la huella de carbono generada por activos digitales como el bitcoin (BTC).
En una extensa revisión de las normativas, se propone que el BCE realice un seguimiento detallado del consumo de recursos asociado con cada transacción de criptoactivos, evaluando de esta manera el impacto negativo que Bitcoin y otras criptomonedas pueden tener en el entorno financiero.
Este enfoque se sustenta en una serie de informes respaldados financieramente por bancos centrales y la Corporación Ripple, según revela el investigador y analista Daniel Batten en datos recientes.
En el transcurso del pasado diciembre, la aprobación de nuevas disposiciones ha desencadenado un debate sustancial sobre la posibilidad de prohibir la actividad minera de Bitcoin en la Unión Europea.
Este giro ha adquirido notoriedad debido a la firmeza con la que la máxima entidad supervisora bancaria de Europa ha expresado su descontento ante el impacto ambiental asociado a la minería de Bitcoin, identificándolo como un riesgo palpable para el sector financiero. Este juicio adverso se fundamenta en la considerable huella de carbono que la mencionada actividad deja a su paso.
En esta perspectiva, la actualización normativa impone al Banco Central Europeo (BCE) la tarea de supervisar meticulosamente los planes de los bancos para transitar hacia una economía sin emisiones netas de carbono en los próximos treinta años.
Este enfoque refleja un compromiso con la sostenibilidad ambiental y la urgencia de alinear las prácticas financieras con objetivos más ecológicos.
Pronunciamientos de la Comisión Europea – Bitcoin es una amenaza
En reacción a estos acontecimientos, diversos miembros de la comunidad de criptomonedas han expresado inquietudes en torno a recientes documentos emanados de la Comisión Europea.
Estos informes, avalados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) y el BCE, catalogan a Bitcoin como una amenaza medioambiental, señalándolo además como un riesgo para la seguridad energética de la Unión Europea y un refugio potencial para actividades financieras ilícitas.
Este panorama ha sido alertado por el economista y asesor fiscal José Antonio Bravo, quien interpreta las señales actuales como indicios claros de que los bancos y reguladores europeos están preparando el terreno para la eventual prohibición de la minería de Bitcoin en el año 2025.
En el análisis presentado por Bravo, se destaca la inquietud sobre la posible estandarización a nivel global una vez que la Unión Europea ratifique el informe. Se vislumbra que tanto las entidades bancarias como los organismos reguladores ejercerán presión para que lo consensuado en la UE se erija como norma en otras jurisdicciones.
En este contexto, Bravo insta a la comunidad de entusiastas de Bitcoin a sumarse a las iniciativas lideradas por Daniel Batten y el Open Dialogue Foundation. Su objetivo es contrarrestar los esfuerzos de los bancos y reguladores europeos que buscan obstaculizar el desarrollo de Bitcoin.
La colaboración activa en estas iniciativas se percibe como una respuesta contundente para salvaguardar el espacio criptográfico frente a posibles influencias regulatorias adversas.
Bravo plantea la necesidad de una acción concertada para preservar la integridad y autonomía de Bitcoin frente a las posibles imposiciones normativas que podrían emerger a raíz de este informe en la UE.
